La oposición denunció "la doble vara" de Cambiemos.

Como era esperado, esta mañana durante el tratamiento de la solicitud de desafuero de la diputada radical Aida Ayala ante la comisión de Asuntos Constitucionales, los miembros del oficialismo reclamaron en el Congreso todo tipo de pruebas ante el requerimiento judicial. A diferencia del último pedido que se trató en el parlamento contra un legislador, los diputados de Cambiemos ponderaron inconsistencias del expediente, frente a lo cual la oposición denunció que se estaba utilizando una “doble vara”.

Al comienzo de la reunión de comisión, la diputada imputada en una causa por “asociación ilícita” y “lavado de dinero” aseguró a los miembros de la Cámara Baja que el proceso judicial en su contra es “falso de toda falsedad”. “No soy rica ni licita ni ilícitamente y eso se demuestra con una Declaración Jurada”, amplió antes de contestar las preguntas de sus pares. La diputada rionegrina María Emilia Soria aclaró luego, promediando la mitad de su presentación, que “del expediente surge que la plata fue utilizada para la campaña política”. “Les guste o no es corrupción, póngale el nombre que quieran, aunque nosotros vamos a evaluar sólo si hay desafuero o no”, planteó.

En tanto que la diputada Silvia Lospenatto señaló la inconsistencia probatoria del expediente. “Falta el expediente de la licitación, el fiscal sostiene que fue irregular, hecho a la medida de la empresa pero no hay una copia del proceso licitatorio para ver cómo puede probarse o cuáles son los elementos de sospecha”, señaló Lospenatto. A Ayala se la juzga en el marco de la causa de lavado de activos de la empresa de recolección de residuos Pimp SA. El requerimiento lo emitió el fiscal chaqueño Patricio Sabadini a la jueza federal Zunilda Niremperger.

Una de las intervenciones más efusivas fue la del diputado del Frente para la Victoria-PJ Leopoldo Moreau, quien se refirió a la “doctrina Irurzun”- El juez de la Cámara Federal Martín Irurzun fue el creador de la teoría de las “relaciones residuales” como justificación de las prisiones preventivas contra ex funcionarios y dirigentes de la oposición. “Si se aplica la doctrina Irurzun, no hay ninguna duda que se debería favorecer el inmediato desafuero”, sostuvo Moreau, quien completó: “Esta se apoya en que cualquier ex funcionario conserva un poder residual que lo pone en situación de poder entorpecer una investigación. Y en este caso hay una investigación y usted es una ex funcionaria. Tanto del gobierno municipal como nacional”.

Tras ser intendenta de Resistencia durante tres períodos, Ayala fue la candidata de Cambiemos a la gobernación de Chaco en 2015, pero perdió con Domingo Peppo. En diciembre de ese año desembarcó en el Ministerio del Interior como secretaria de Asuntos Municipales. En diciembre último se sumó al bloque de diputados UCR-Cambiemos.

Previamente la diputada correntina Aracelí Ferreyra había señalado la “diferencia de trato” entre el requerimiento sobre Ayala y el proceso de desafuero que se trató contra Julio De Vido en octubre del año pasado. “Tenemos que tener criterios similares para situaciones iguales”, reclamó a los legisladores y señaló: “Lo que no me resulta razonable es la diferencia: en una semana boleteamos a un diputado opositor y ahora vamos a tomar medidas distintas a las que en ese momento se debió haber tomado pero a los dos los acusan de lo mismo: de obstrucción a la Justicia”.

Al dar por finalizada la reunión de comisión, el presidente y diputado del PRO Pablo Tonelli aseguró que “ya estamos de acuerdo en lo que tenemos que hacer” y dijo que se reunirán en los próximos días para emitir un dictamen. “Tenemos que proceder a examinar el mérito del sumario, que no es ni juzgar a la diputada ni tampoco juzgar a la jueza, sino simplemente analizar el mérito del sumario: que la imputación sea seria y esté fundada, que estén los visos de similitud que requiere una decisión tan trascendente como disponer el eventual desafuero de un diputado", concluyó el diputado y miembro del Consejo de la Magistratura que llevó adelante el proceso sumario contra De Vido en la comisión de Asuntos Constitucionales.