Reducción del Estado: los despidos como mecanismo de consolidación del proyecto de Cambiemos

"Tenemos que terminar con los ñoquis y con los beneficios personales en el Estado. Mauricio Macri, 23/12/2017.

Dos meses negros para los trabajadores estatales. El mes de diciembre y enero han sido particularmente difíciles para los trabajadores y sobre todo para los trabajadores estatales. El informe de despidos y suspensiones de CEPA indica que en último mes de 2017 los despidos del sector público alcanzaron los 1.904 casos, indicando que “los despidos estuvieron motorizados por el Poder Ejecutivo Nacional, junto con organismos descentralizados de la administración y la Provincia de Buenos Aires”. El mismo informe detalla que los despidos en organismos descentralizados alcanzan los 654 casos, 557 casos en lo referido a la Administración Publica Nacional, repartido entre distintos Ministerios y finalmente, 564 casos de despidos provinciales, que se concentran exclusivamente en distintas áreas del Gobierno de la Provincia de Bs. As. El mes de enero no mostró un comportamiento distinto. Al contrario: la proliferación de despidos y cesantías continuó con más fuerza, como en los casos del INTI y del SENASA, las cesantías del Hospital Posadas, los despidos en YCRT, y los despidos en las orquestas bonaerenses, entre otros.

El objetivo del Gobierno. El 31 de diciembre último, el matutino La Nación, había anticipado la intención del Gobierno de ajustar el gasto público y en particular despedir trabajadores. La excusa1 era el recorte de “la política”, es decir, de los cargos jerárquicos, lo que para el Gobierno implicaría una reducción del 20% de los 3500 cargos jerárquicos de la Administración Pública Nacional. Sin embargo, el verdadero interés estaba puesto en

a reducción sistemática de personal con el objetivo de lograr “dotaciones óptimas para cada ministerio y organismo”, lo que implica “la reducción gradual en los próximos años de unos 70.000 contratos temporarios que se renuevan todos los años, donde sí existen empleados públicos de viejas gestiones” 2 . Los recientes anuncios, han puesto en marcha aquel plan. Enmascarados detrás de la reducción de cargos jerárquicos y con el aditamento socialmente ponderado de la imposibilidad de nombramientos de familiares, la verdadera voluntad del Ejecutivo resulta ser la reducción del personal contratado y la eliminación de programas, en general, de perfil y abordaje territorial. Caso emblemático. Un caso de análisis es el del Ministerio de Cultura. Según fuentes de ATE, el número de cesantías fue de 64 trabajadores durante el mes de diciembre. Esa cifra se encuentra conformada por despidos y por desvinculaciones de personal contratado bajo la modalidad de Locación de Obra, alegando “incompatibilidades”. Es decir, el discurso oficial indica que se trata de despidos justificados. Entre los despedidos, hay trabajadores con más de 10 años de antigüedad.

Si bien no hay datos completos acerca de las dependencias en las cuales se dieron las desvinculaciones, se sabe que más de 20 corresponden a áreas dependientes de la Secretaría de Patrimonio Cultural, cuyo Secretario es Marcelo Panozzo, y otras tantas de dependencias de la Secretaría de Cultura y Creatividad, conducida por Andrés Gribnicow. En este último caso, la mayoría de las cesantías refieren a talleristas de programas que fueron discontinuados. Esto no es un dato menor: las áreas más afectadas por los despidos fueron aquellas vinculadas con trabajo territorial, como por ejemplo el programa Puntos de Cultura, que ofrece subsidios y capacitaciones a organizaciones sociales y colectivos culturales de distintas partes del país. Este mismo Programa ya había tenido una reducción de presupuesto para este año, y sufrirá una nueva reducción para el 2018. La evolución del Presupuesto permite percibir que esta política no resulta novedosa, ya que se aplica desde la asunción del Gobierno de Cambiemos.

1 La estrategia de ocultar el verdadero eje de ajuste no es nueva. Un buen ejemplo de ello ha sido el caso donde, en el mes de diciembre y en relación al debate público sobre las jubilaciones, el Gobierno repitió que reduciría los montos de las jubilaciones “de privilegio” pero nunca propuso esa reforma (que afecta esencialmente a diplomáticos y poder judicial) sino que intentó avanzar con la edad jubilatoria de los docentes, su verdadero botín.